Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado aprobó primer trámite en forma unánime el proyecto que castiga con pena de presidio menor en su grado mínimo y multas por 20 UTM a quienes dañen buses, metro u otro tipo de transporte.

Una cifra de 15 buses en promedio en un día laboral son vandalizados en el transporte público, lo que significa un costo anual de $ 5.300 millones al año para el sistema.

Esa es la cifra que reveló el director de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Fernando Saka ante la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado en medio de la discusión del proyecto que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad.

El proyecto de ley, iniciado por la moción de los senadores Francisco Chahuán y Juan Pablo Letelier, fue aprobado en primer trámite por la comisión, por lo que será ahora sometido a votación general en la sala del Senado.

“El vandalismo, que puede ir desde un rayado hasta la destrucción total del bus, como es el caso de incendios premeditados, implica un costo anual para el sistema de $5.300 millones al año, lo que es equivalente a 7,6 millones de transacciones o 2,5 días de operación total del sistema”, explicó la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Según los datos entregados por el DTPM, en promedio, 3.919 buses han sido vandalizados en los últimos siete años, es decir el 61% de la flota total del sistema.

“Esto implica que un bus que es vandalizado debe ser sacado de circulación reduciendo en un 14% la frecuencia de ese recorrido y lo que duplica los tiempos de espera de los usuarios afectando la calidad de servicio”, explicó Fernando Saka.

El senador Francisco Chahuán, presidente de la comisión de Transporte del Senado precisó que esto es un tema que afecta a todo el transporte público y que es necesario sancionar.

“El 61% de los buses que hoy circulan en la Región Metropolitana en un año han sido dañados. Eso habla que tenemos un problema cultural y hay una situación que hasta ahora no tiene sanción penal. Es por eso, que estamos sancionando drásticamente, incluso con penas privativas de libertad y con multa para quienes destruyen no solo los buses, sino que también, la infraestructura del trasporte público, como paraderos, terminales o el trasporte ferroviario y embarcaciones que también se van a incorporar”, señaló Chahuán.

El proyecto busca establecer sanciones de cárcel en su grado mínimo que va entre los 61 y 301 días y multas de 20 unidades de fomentos, equivalente a casi un millón de pesos.

Según los datos entregados por la DTPM, el año 2018 el 61% en eventos de vandalismo en buses estuvo ligado a eventos deportivos y manifestaciones, mientras que este mismo año 1.850 conductores fueron agredidos.