La puesta en marcha de este mecanismo se pospuso hasta noviembre de 2021 y con su entrada en vigencia remplazará a los actuales estudios que se realizan para mitigar el impacto de las obras de crecimiento urbano.

Hasta el 17 de noviembre de 2021 se aplazó la entrada en vigencia del Sistema de Evaluación de Impactos en la Movilidad (SEIM), contemplado en la Ley de Aportes al Espacio Público, debido a la pandemia. La iniciativa, busca que los análisis que se realicen para las futuras obras de crecimiento urbano, sean efectuados en un contexto de movilidad normal.

Lo anterior quiere decir que los proyectos de densificación u extensión deberán seguir aplicando el actual sistema de Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte (EISTUs), hasta el 17 de noviembre de 2021, fecha en la que comenzará a regir la nueva metodología.

“Generar estudios en las condiciones actuales que vive el país por la pandemia del Covid-19 podría generar estimaciones distorsionadas de los efectos que los proyectos podrían tener sobre el sistema de movilidad. Los futuros proyectos tendrán que seguir cumpliendo con su obligación de mitigar sus impactos en la comunidad, ya que hasta que comience a regir la nueva normativa, seguirá vigente el sistema actual”, precisó la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

La autoridad de Gobierno también explicó que el nuevo sistema contempla el desarrollo de Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV), los cuales requieren de “análisis de la situación de la movilidad en el entorno donde se ubica un proyecto, así como mediciones de flujos vehiculares, peatones, ciclos y actividad en el transporte público”.

Además, la iniciativa no modifica la entrada en vigencia de los aportes al espacio público establecidos en la misma ley, los que comenzarán a regir el próximo 17 de noviembre, tal como estaba estipulado.

Detalles de la Ley

La Ley de Aportes al Espacio Público, publicada en octubre de 2016, establece que los proyectos de crecimiento urbano por densificación deberán contribuir a mejorar los espacios públicos de la ciudad en que se emplazan, sumado a que aquellos que conlleven crecimiento por extensión o densificación, tendrán que mitigar los impactos en el sistema de movilidad local, mediante una propuesta que estará sujeta a evaluación.

Para cumplir con la ley, los proyectos tendrán la obligación de entregar aportes monetarios a la Municipalidad respectiva o dar superficie de terreno, los cuales podrán ser destinados a la materialización de obras que formen parte de un Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, ya sea de carácter comunal o intercomunal.